- Facilita la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales.
- Garantiza la alineación con la normativa nacional e internacional y permite la identificación y el análisis de las desigualdades de género.
- Es una oportunidad para corregir prácticas de carácter discriminatorio y relaciones de poder injustas.
- Promueve políticas, planes y programas sociales que busquen la realización de derechos y la mejora de capacidades.