Artículo de Esther Pino Jimenez, experta en derechos humanos, cooperación, género y política de Igualdad, es secretaria de la Junta Directiva de Forgender Seal

El plan de igualdad de políticas públicas es un instrumento diseñado para ayudar a las administraciones locales a incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todos los sectores y ámbitos de actividad en los que el municipio tiene competencias. Por este motivo, es recomendable su elaboración y aplicación para todos los ayuntamientos que hayan hecho una apuesta para promover la igualdad de género en sus territorios.

Pero ¿qué aporta este plan?, ¿cuál es su contenido y qué beneficios proporciona?  Existen una serie de variables que atraviesan de forma transversal todas las políticas sociales, económicas, culturales y de cualquier otro tipo. Identificarlas nos permite testar si nuestro plan será efectivo a la hora de acometer los desafíos que presenta nuestro municipio.

En primer lugar, debe contar con un diagnóstico que permita conocer en profundidad el territorio y las necesidades y capacidades de sus habitantes, tomando en cuenta la diversidad de la población. Para profundizar en este conocimiento, aparte de recopilar datos económicos y sociodemográficos de carácter general, es muy importante contar con datos desagregados por sexo y también tomar en cuenta indicadores que permitan documentar las interseccionalidades. Disponer de estos indicadores facilitará al gobierno local un mapa certero de las potenciales discriminaciones que se pueden derivar del cruce de identidades y problemáticas específicas, especialmente cuando afectan a colectivos que se encuentran en un mayor riesgo de exclusión.

Estos datos, además, han de ser públicos y transparentes de forma que se puedan monitorizar por otros agentes sociales y por las organizaciones de mujeres. Es recomendable, asimismo, realizar informes de impacto de género exante y expost a la aplicación de las políticas locales, de manera que, en el primer caso, se puedan corregir los impactos negativos identificados antes de que lleguen a producirse y, en el segundo extraer las buenas prácticas y áreas de mejora para el desarrollo de futuras políticas.

Conocer el territorio implica también haber documentado cuáles son las pautas culturales, religiosas y sociales persistentes en el municipio que contribuyen a perpetuar los estereotipos y discriminaciones de género o que pueden ser potenciadores de conductas violentas hacia las mujeres. Al identificarlas previamente, se podrán prever acciones eficaces para combatirlas.

Si el conocimiento en detalle del territorio es una pieza clave para impulsar y sostener políticas con perspectiva de género, fortalecer las capacidades internas del ayuntamiento constituye otro de los pilares que van a permitir la coherencia y sostenibilidad de dichas políticas. La formación en perspectiva de género continua y aplicada a los diversos ámbitos de actividad y áreas funcionales del ayuntamiento es imprescindible a la hora de elaborar las estrategias y diseñar los procedimientos que van a permitir la aplicación efectiva y la evaluación posterior de los planes, programas y las políticas locales.

Otra de las variables estratégicas a la hora de elaborar un plan de igualdad de políticas públicas consiste en la elaboración de presupuestos sensibles al género. Lo que no se presupuesta no existe y lo que no se visibiliza en el presupuesto, difícilmente contará con los recursos necesarios para poder ejecutar la voluntad política. Los presupuestos sensibles al género deben tomar en cuenta, no solo la existencia de partidas específicas orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación, sino que se ha de contemplar el impacto, tanto positivo como negativo, que las partidas y medidas incluidas en el presupuesto tendrán sobre las mujeres y los hombres. La fiscalidad, los incentivos económicos, los servicios sociales priorizados o las inversiones urbanísticas, por poner algunos ejemplos, no son neutras al género, por lo que es necesario mirar con la lupa violeta todas las partidas para asegurar que todas ellas tendrán un impacto positivo sobre las mujeres y, en su caso, incorporarán medidas correctoras de las desigualdades identificadas.

Lograr la igualdad efectiva requiere garantizar la autonomía e independencia económica de las mujeres, por lo que impulsar políticas de fomento del empleo femenino, facilitar el emprendimiento liderado por mujeres y potenciar prácticas en las empresas encaminadas a combatir las desigualdades en el ámbito económico ha de ser uno de los ejes vertebradores del plan.

Por otra parte, a la hora de elaborar un plan de igualdad de políticas públicas locales, es imprescindible contar con la participación de los agentes sociales en general y de las organizaciones de mujeres y feministas en particular. Si de verdad queremos lograr efectos positivos sobre las mujeres a través de las políticas locales, debemos contar con la opinión, la experiencia y las capacidades de las mujeres y cederles protagonismo y liderazgo en su aplicación y evaluación. Al mismo tiempo, el gobierno local puede apoyar y promover el asociacionismo femenino para favorecer su empoderamiento y su participación en la agenda local.

No obstante, todo lo anterior no logrará un impacto verdaderamente positivo sobre las mujeres si el gobierno local no hace una apuesta firme y decidida en la lucha contra las violencias de género en sus diferentes manifestaciones. Para ello, es necesario extremar la coordinación y cooperación con otras administraciones y actuar de forma integral con todas las áreas del ayuntamiento que puedan ejercer un rol para garantizar un entorno seguro para las mujeres: sanidad, fuerzas de seguridad, comunicación, políticas sociales de asistencia y atención a las mujeres que padecen o han padecido violencia de género.

Por último, y especialmente relevante en la era post COVID-19, el gobierno local ha de contemplar en sus planes de políticas públicas los cuidados como una parte central de su intervención y asumir un liderazgo en la transformación y adecuación de los cuidados, garantizando la corresponsabildad entre la administración, el sector privado y las organizaciones sociales y promoviendo una cultura de apoyo y revalorización del cuidado como base para construir una comunidad más igualitaria y más segura.